A Malta se le acabó el plazo el 30 de junio para adaptarse a la 4ª Directiva de la Unión Europea referente a la transparencia fiscal y la lucha contra la evasión fiscal y el lavado de dinero, así como el financiamiento del terrorismo ya que le es aplicable desde que en 2004 pasó a ser miembro de la Unión Europea.
Malta disfrutó de un plazo de adaptación ya que venía de una situación fiscal enarcada en los esquemas de paraíso fiscal. Desde el 1 de enero de este año, entró en vigor un registro para identificar a todos los titulares reales últimos de todas las entidades mercantiles con sede en el país de nueva creación, sin embargo, para las ya existentes se estableció un plazo adicional de 6 meses que llegó a su fin el 30 de junio 2018.
A partir del 1 de julio, todas las entidades mercantiles que no implementen los procedimientos para llevar a cabo este tipo de control y no lo comuniquen a las autoridades, serán multadas por infringir la Ley de Sociedades y las multas serán de mínimo 1.000 Euros más 10€ por cada día adicional de retraso en la aportación y publicidad de la información requerida.
Este requisito ha tenido una gran transcendencia especialmente en el sector naviero, por la enorme tradición de empresas de estas características domiciliadas en este Estado.
