Siguiendo con este tema tan relevante a nivel internacional, nos encontramos que las normas recogidas en la Acción 13 de BEPS están poco a poco siendo implantadas en muchos Estados. Perú aspira a unirse a la OCDE por lo que las enmiendas al Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta en relación con las Obligaciones Formales de Precios de Transferencia se han realizado siguiendo las recomendaciones de la OCDE
A través del Decreto Legislativo 1312 se han modificado conceptos relativos a los Precios de Transferencia y, sobre todo, se han incrementado las obligaciones del contribuyente respecto a la documentación relativa a los mismos, así como a las Declaraciones Juradas Informativas y los Estudios Técnicos relacionados.
Los contribuyentes cuyos ingresos superen los 2300 UITs (utilidades/beneficios) deben presentar una Declaración Jurada Informativa de Reporte Local en relación al ejercicio 2017 y ya este año 2018, los contribuyentes con utilidades superiores a 20.000 UITs deben presentar una Declaración Jurada de Reporte Maestro, así como el Reporte País por País en su caso.
La información requerida para el Archivo Local es más exhaustiva a la hora de identificar al personal de quien dependen la administración de la compañía, más información sobre servicios intragrupo (pruebas de beneficios y actividades de bajo valor añadido) y documentos de trabajo que permiten vincular la información financiera de la compañía con el análisis realizado de precios de transferencia
La Declaración Jurada Informativa Local deberá incluir la información funcional, financiera, económica y los análisis de selección de método más apropiado y de compatibilidad de precios de transferencia.
Como consecuencia de tantos escándalos de corrupción recientes en el país y el hecho de que sigue siendo uno de los países con mayores dificultades para realizar negocios, la legislación peruana se está adaptando poco a poco para encontrar atajos a esta situación. Ahora se reconoce la responsabilidad penal corporativa aplicable a sobornos por lo que las empresas deben incorporar prácticas comerciales legales y transparentes como estas nuevas adaptaciones realizadas respecto a las políticas de precios de transferencia.
